En 2023, Argentina celebró 40 años de democracia ininterrumpida, el período más largo desde su independencia en el siglo XIX. En estas cuatro décadas, el país avanzó en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y en la promoción de su participación en el espacio público. Sin embargo, todos los relevamientos existentes realizados en el país evidencian que la mayoría de dirigentas han sufrido violencia política en algún momento de su carrera. 

Actualmente, la violencia contra las mujeres en cargos políticos constituye un obstáculo que impide su plena participación en puestos de toma de decisión en diferentes espacios y refuerza roles tradicionales de género, socavando la calidad de la democracia, el desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos. 

De acuerdo con estudios realizados en 2021, 8 de cada 10 mujeres políticas manifiestan haber sufrido violencia política por razones de género. Y más del 50% mencionó que la persona agresora no tuvo ningún tipo de consecuencia [1]. Detrás de este tipo de violencia, el mensaje a las mujeres y a la sociedad es que ellas “como grupo no deben participar en la política”[2]. La consecuencia más grave es el abandono total de la actividad. Tal como lo muestra una encuesta reciente, el 14% de las mujeres políticas prefiere renunciar a la exposición pública producto de las agresiones [3].

Al respecto, es importante remarcar que este tipo de violencia no abarca todos los actos experimentados por las mujeres en cargos políticos, sino a la agresión, coacción e intimidación que experimentan como actores políticos por el hecho de ser mujeres.

No es un caso de violencia contra las mujeres en política cuando son atacadas solamente por sus ideas. Sin embargo, la ambigüedad se hace evidente cuando se recurre al uso de estereotipos de género, enfocándose en sus cuerpos y los roles tradicionales, principalmente como madres y esposas, lo cual niega o socava su competencia en la esfera política. 

Así también, los impactos de la violencia política producen consecuencias no solo en las trayectorias individuales de quienes participan en esta esfera, sino que perpetúan una relación desigual entre los géneros y la política como herramienta de diálogo, incidencia y cambio social. Se tiñe la discusión política de comportamientos que tienen más que ver con un ejercicio de control y poder que de debate y construcción democrática [4]. 

La participación plena e igualitaria de las mujeres en los asuntos públicos, en la distribución de los ingresos, en el desarrollo productivo y científico, y, en definitiva, en la construcción de mejores democracias, implica repensar las estructuras sobre las cuales se han constituido los actuales Estados. Por lo tanto, la conformación de instituciones paritarias e inclusivas no solo contribuye al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y a la igualdad de género, sino que también fortalece y mejora las democracias. Es por ello por lo que resulta crucial eliminar los obstáculos y barreras que marginan a las mujeres y limitan su plena participación en la vida pública.

El proyecto “Caminos hacia la democracia: Abordar la violencia de género en la política contra las mujeres en Argentina” busca contribuir con el incremento de las capacidades técnicas, operativas y de articulación para abordar la violencia contra las mujeres políticas de actores clave dentro del sistema de protección, tanto nacionales como provinciales y de diversos ámbitos.