Si repasamos rápidamente la historia de nuestro país, a las mujeres, como en todo el mundo, les ha costado el doble alcanzar objetivos con respecto a los hombres. Pero la realidad nos encuentra a todas, en la lucha, en la búsqueda de consensos, en la generación de ideas y trabajando para encontrar espacios de participación.

Como sostiene Naciones Unidas, si hay más mujeres con voz e influencia en la toma de decisiones políticas supone que haya más decisiones públicas con mirada de género, lo que conlleva a una mejor gestión pública, más integradora, que reconoce la diversidad y que promueve la intervención en las diversas dimensiones, política, económica y social, con igualdad de oportunidades y recursos, con más seguridad, y con más garantías para lograr el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres.

En este marco, no quiero dejar de resaltar el papel que estamos llamadas a realizar las mujeres en este tiempo en que la cuestión de la paridad está tan presente.  En este sentido, coincido con ONU Mujeres en su promoción para la creación de un objetivo independiente en la agenda para el desarrollo posterior a 2015 con el propósito de alcanzar la igualdad de género. Así como también, con su llamado para incorporar a la igualdad de género de manera transversal en todas las esferas de la vida social para alcanzar una democracia significativa e inclusiva.

Como sabemos, en nuestro país el primer régimen de regulación cuantitativa fue el cupo femenino, plasmado en la Ley 24.012 que reformó el Código Electoral en 1991, que estableció porcentajes mínimos de participación femenina en las listas. Esa intervención fue pionera y permitió un aumento inicial de la presencia femenina, aunque conservó limitaciones: muchas mujeres fueron ubicadas en lugares no electivos y los partidos continuaron reproduciendo estructuras internas dominadas por varones.

Posteriormente, el crecimiento de movimientos de mujeres así como de organizaciones y colectivos feministas y la constatación de que el cupo no bastaba para garantizar igualdad efectiva empujaron la agenda hacia la paridad.

En la provincia de Buenos Aires, la Legislatura junto con diversos actores de la sociedad civil impulsaron, a nivel provincial, la Ley 14.848 en 2016, que explicitó la alternancia por binomios como técnica para garantizar no solo números sino también ubicación competitiva para las mujeres en las listas. A nivel nacional, este reclamo culminó con la Ley 27.412 en 2017, que extendió el principio del intercalado al ámbito nacional.

Aunque la normativa actual exige alternancia, en la práctica se observan formas de neutralizar su impacto como son:

Encabezamientos masculinos: incluso con paridad formal, muchas listas siguen siendo encabezadas por hombres ocupando de esta manera el primer lugar en las mismas, lo que reduce la probabilidad de que las mujeres accedan a bancas electivas, sobre todo en sistemas electorales que se rigen por procedimientos proporcionales.  En este sentido, tanto estudios como monitoreos electorales  han documentado que, pese a la ley, una proporción significativa de listas sigue siendo encabezada por varones.

Lugares como suplentes: la alternancia puede concentrarse en cargos no prioritarios (suplencias, últimos lugares) si los partidos diseñan la lista de modo que los lugares efectivamente electivos terminen siendo ocupados por varones.

Estrategias de “doble fila” o “listas espejo”: cuando alianzas o subdivisiones internas permiten que el principio de alternancia se cumpla formalmente pero que la distribución del poder real quede segmentada (por ejemplo, alternando mujeres en unas listas y hombres en otras dentro de la misma alianza), la efectividad de la paridad se reduce.

Resistencia cultural y prácticas internas de selección: las dinámicas partidarias (clientelismo, estructuras de poder masculinas, subrepresentación de mujeres en conducción de partidos) dificultan la selección de mujeres para cargos de mayor visibilidad o decisión.

Sin embargo, aunque los números mejoraron en relación con períodos anteriores, todavía son pocas las mujeres que encabezan las listas. No se trata de un problema menor: cuando las nóminas no llevan a las mujeres en primer lugar, el impacto de la paridad disminuye, más en un contexto de alta fragmentación partidaria.

Si bien, como dijimos, la paridad formal en las listas electorales ya está legislada, para que tenga un impacto real, Argentina enfrenta desafíos como:

La baja proporción de mujeres encabezando listas.

Limitaciones del sistema electoral en ciertas provincias.

La persistencia de una cultura partidaria y sistémica que favorece a los varones.

Violencia política y falta de acompañamiento estructural.

Necesidad de que las autoridades electorales sean rigurosas en la aplicación.

Particularmente en el caso de Tierra del Fuego, mi provincia, si bien no existe legislación en cuanto a paridad para las elecciones a legisladores provinciales, la lista que me acompañó cuando fui electa gobernadora en el año 2015, estaba integrada por 50% mujeres y 50% hombres.

A nivel local, en mayo de 2022, el Concejo Deliberante de Río Grande aprobó el proyecto de Paridad de Géneros que luego sería reglamentado, en junio, por el intendente Martín Pérez para las listas de concejales.

También en 2022, en Ushuaia, capital provincial, se aprobó una normativa local (vía reforma de la Carta Orgánica y ordenanza municipal) que introdujo paridad de género en las boletas para la intendencia/viceintendencia y el Concejo Deliberante.

Tolhuin sigue sin contar con su Carta Orgánica propia y depende de las normativas electorales que dispone la Legislatura provincial

Existen varios proyectos de ley presentados en la Legislatura fueguina para establecer una paridad integral, que incluya:

• Listas legislativas provinciales.
• Fórmulas de gobernador y vicegobernador.
• Designación de cargos en el Consejo de la Magistratura

Aunque algunas iniciativas avanzaron en la discusión, no se ha sancionado ninguna ley. Es una cuestión pendiente sobre la que debemos continuar trabajando*