Por estos días transitamos tiempos históricos en Santa Fe: se va a reformar la constitución provincial que data de 1962 y que, luego de la reforma de la constitución nacional de 1994, no fue modificada.

La razón por la cual pasaron tantos años sin que se lograra el consenso político para la reforma fue siempre la misma: el gobernador de turno buscó la reelección que el actual texto constitucional prohíbe expresamente. En esta oportunidad, con mayoría en ambas cámaras, el oficialismo consiguió lo que buscaba y el gobernador actual accederá a la posibilidad de un nuevo período de gestión.

Aunque son tiempos de retrocesos en lo que refiere a derechos de las mujeres y disidencias, desde el movimiento feminista nos hemos propuesto dar la pelea para que en la constitución reformada de Santa Fe queden incorporados los avances que en materia de igualdad de género hemos conquistado en las últimas décadas. En particular, estamos abocadas a incorporar al nuevo texto constitucional la paridad de género en todos los poderes del Estado.

La ley de paridad santafesina, Ley 14.002, fue sancionada en 2020 al calor del trabajo que nos dimos las mujeres organizadas de todo el país nucleadas en Ojo Paritario. En su texto, la ley establece:

“El principio de paridad de género en la composición e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos, entes públicos o con participación estatal y asociaciones, consejos y colegios profesionales.”

Partiendo de este piso de igualdad conquistado en la ley provincial, desde la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario, que nuclea a casi 80 organizaciones feministas de nuestra ciudad, presentamos a la convención reformadora un proyecto que establece el principio de paridad de género en las medidas de acción positiva que se incorporen en esta reforma. También planteamos la modificación del articulado constitucional para incorporar la obligación de la paridad en forma taxativa en cada uno de los poderes del Estado.

Asimismo, el proyecto que presentamos establece una cláusula transitoria para que se incorporen mujeres en la Corte Suprema de Justicia cada vez que se produzca una vacante, hasta que se alcance la paridad. Actualmente hay una sola integrante mujer de un total de siete supremos, que solo finalizarán sus mandatos al alcanzar la edad de 75 años.

En los fundamentos del proyecto insistimos en que el nuevo texto constitucional debe receptar el mandato de la Constitución Nacional en su artículo 37, que establece:

“Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.”

Del mismo modo, señalamos lo prescripto en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), también con rango constitucional en el artículo 75 inciso 22, que fija estándares muy claros respecto de la responsabilidad del Estado en revertir las desigualdades estructurales que limitan la vida de las mujeres y sus posibilidades de desarrollo.

En la presentación también denunciamos que la ley que habilitó la reforma impide el debate tanto de la composición de la Cámara de Senadores como de la forma de elección de sus integrantes, coartando de este modo la incorporación de mecanismos para lograr la paridad efectiva en un cuerpo históricamente masculino y vedado a las mujeres.

Al no habilitarse la reforma de la composición del Senado se perdió una oportunidad única de que la provincia cuente con un diseño institucional que permita la incorporación de mujeres a esa cámara. Al ser un cuerpo legislativo electo por cargos uninominales, mientras las listas sigan siendo encabezadas por varones, las mujeres seguirán ausentes.