El lunes 11 de mayo participamos de una jornada en la Embajada de Canadá, organizada por el Posgrado en Violencia de Género en Entornos Digitales de la Facultad de Derecho de la UBA y el Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia. El encuentro incluyó la proyección del documental canadiense Je vous salue salope (2022), dirigido por Léa Clermont-Dion y Guylaine Maroist, que documenta el hostigamiento en línea hacia mujeres con exposición pública y los vacíos normativos, institucionales y tecnológicos que dificultan la prevención, investigación y sanción de estas violencias.
A partir de esa proyección se abrió un intercambio que puso en discusión las respuestas del sistema judicial, la responsabilidad de las plataformas digitales y los obstáculos que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia. El debate contó con exposiciones de Genoveva Cardinali, fiscal especializada en género de CABA; Yasmín Quiroga, cofundadora y directora de Desarrollo Institucional de DataGénero; y María Julia Giorgelli, abogada especialista en género y derechos digitales. Todas ellas, además, integrantes del Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia. La coordinación general estuvo a cargo de Vanesa Risetti y la moderación fue realizada por Ana Correa, coordinadora del posgrado de la UBA.
Yasmín Quiroga presentó los resultados de Silencios Digitales, el monitoreo federal sobre violencia digital de género que publicamos en marzo de este año. “No solamente nos dicen cosas los datos que existen, también nos dicen mucho aquellos datos que faltan”, afirmó y destacando uno de los resultados más significativos de la investigación realizada a nivel federal: “Cuando preguntamos directamente si habían sufrido violencia digital, el 64% dijo que no. Pero cuando pusimos ejemplos concretos, el 40% respondió que sí”.
Esa brecha no es un error metodológico: es el problema. Las personas no se reconocen víctimas de este tipo de violencia porque muchas veces ni siquiera saben que existe. Y los datos que faltan —los casos que no se nombran, que no se denuncian, que no se cuentan— también nos dicen algo.
La violencia digital afecta de manera desproporcionada a mujeres y diversidades con exposición pública, a integrantes del colectivo LGBTIQ+ y a personas en situación de violencia de pareja o ex pareja. Sus efectos no son solo emocionales: hay personas que dejaron trabajos, abandonaron proyectos o se retiraron de espacios públicos por el hostigamiento recibido. La autocensura es una de las consecuencias más silenciosas y más extendidas.
En el mismo panel, la fiscal especializada en género de CABA Genoveva Cardinali fue directa respecto al sistema judicial: durante años estas conductas fueron minimizadas o naturalizadas por falta de perspectiva de género. La Ley Olimpia, sancionada en 2023, fue un avance concreto al incorporar definiciones precisas sobre difusión de imágenes íntimas y discursos de odio. Pero en la Ciudad de Buenos Aires la difusión no consentida de imágenes íntimas sigue sin tener tipificación penal específica, lo que obliga a fiscales y fiscalas a recurrir a figuras como amenazas o coacción. El Poder Judicial, señaló Cardinali, no puede seguir argumentando que necesita más leyes: tiene que trabajar con las que tiene.
Por su parte, María Julia Giorgelli puso el foco en otro eje que nos resulta central: la responsabilidad de las plataformas. El ecosistema digital sigue funcionando sin controles suficientes frente a discursos de odio, campañas de hostigamiento y vulneraciones a la intimidad. Las bajas de contenidos ocurren principalmente por derechos de autor, no por violencias de género. Y cuando el debate se reduce al autocuidado individual de las víctimas, la responsabilidad termina recayendo sobre quienes padecen la violencia, no sobre quienes la generan ni sobre los sistemas que la amplifican.
Desde DataGénero sostenemos que producir información estadística es una forma de intervención política. Medir lo que existe y nombrar lo que falta es parte del trabajo. Por eso seguimos construyendo herramientas para visibilizar estas violencias, en diálogo con el sistema judicial, el mundo académico y las organizaciones que trabajan en territorio. Porque lo virtual es real, y los datos que no existen también son una forma de invisibilización.
Crédito de las imágenes: Verónica Glassmann
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